Centroamérica: Rebelión, ascenso y derrota del movimiento obrero (1930-1955) (página 2)

Entre 1929 y 1955 los trabajadores asalariados
declararon al menos 201 huelgas. En Costa Rica y Guatemala el
mayor número; cifras similares en Honduras y Nicaragua, y
la menor cantidad en El Salvador y Panamá. La
mayoría ocurrieron durante la crisis del 29-33 y a
raíz de la Segunda Guerra Mundial; coincidentes,
también, con la aprobación de leyes laborales. En
Panamá y El Salvador hubo huelgas de inquilinos de
inmuebles. En Guatemala, como protesta por la posesión
colonial de Inglaterra sobre Belice. Las huelgas generales se
dieron en el marco de movimientos sociales más amplios que
consiguieron la caída de Maximiliano Hernández M. y
de Jorge Ubico.

La ubicación de esas huelgas por sectores de la
economía supera en parte la imprecisión sobre la
evolución de las ramas productivas. El 29% de las huelgas
ocurrieron en el sector primario: agricultura y minería.
El 38% en el sector secundario: manufacturas y fábricas.
El 33% en el sector terciario, es decir, transporte, comercio y
servicios del Estado.

En El Salvador, Honduras y Guatemala sobresalió
la beligerancia del magisterio y el sector estudiantil. En el
sector primario, los conflictos relevantes fueron las huelgas
bananeras y en la minería. Hubo al menos tres huelgas de
mujeres ocupadas en la elaboración de textiles y la corta
del café. En el sector secundario ocupan lugar importante
los trabajadores del calzado, panaderos, sastres, obreros de la
madera y la construcción.

La Derrota del
Movimiento Obrero en Guatemala y Costa Rica

Guatemala y Costa Rica experimentaron entre 1940 y 1954
una transformación política que consistió en
aceptar y promover la intervención del Estado para regular
el mercado de tierras, trabajo y capitales e impulsar reformas en
el empleo, salario, salud, vivienda, educación y
crecimiento del mercado interno. El programa intervencionista lo
había aplicado el Presidente Roosevelt durante la
depresión de los años 30 y la crisis de la Segunda
Guerra y se inspiró en el pensamiento del economista
inglés J.M. Keynes.

En esa perspectiva, los gobiernos de Juan José
Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala, y los de
Calderón Guardia y Teodoro Picado en Costa Rica, tienen en
común que introdujeron un conjunto de reformas
según el parámetro del intervencionismo estatal.
Pero a la vez, esos gobiernos enfrentaron la oposición de
la burguesía agroexportadora y, en ese escenario, forjaron
alianzas con partidos y facciones políticas que agitaban
banderas de reforma social e inclusión de los sectores
más pobres en los beneficios del desarrollo
capitalista.

En ambos países, la constitución del nuevo
bloque político reformador fue posible, porque tanto los
comunistas como los socialistas y los demócratas
republicanos se toleraron e hicieron concesiones
ideológicas. Pero esas alianzas generaron el antagonismo
con las oligarquías tradicionalmente detentoras del poder
y su aliado internacional, el gobierno de los Estados Unidos. Y
condujeron en Costa Rica a la Guerra Civil de marzo-abril de 1948
y en Guatemala al golpe militar y la dictadura de Castillo Armas.
De ahí surge el tercer rasgo común que
consistió en la represión e ilegalización
del movimiento sindical de inspiración marxista y de los
partidos comunistas y reformistas.

El cambio político en Guatemala evolucionó
en varias fases. Primero, las jornadas de lucha cívica
popular que forzaron la renuncia del dictador Jorge Ubico, el 1
de julio de 1944. En segundo lugar, el gobierno de la Junta
Militar presidido por Federico Ponce Valdéz y su
derrocamiento por un sector de la oficialidad joven del
Ejército Nacional el 20 de octubre de 1944; seguido del
gobierno de un triunvirato militar que convocó a Asamblea
Constituyente y a la aprobación de la Constitución
de 1945. En tercer lugar, las elecciones de diciembre de 1944 y
el inicio del gobierno de Juan José Arévalo, el 15
de marzo de 1945. En cuarto lugar, el gobierno del Coronel Jacobo
Árbenz, de 1951 a 1954.

Poco antes del gobierno de Arévalo, hubo
divisiones sindicales. Diez sindicatos se retiraron de la CTG y
constituyeron en 1944 la Unión Sindical de Guatemala
(USG). Acercaron al sindicato ferroviario SAMF y fundaron la
Federación Sindical de Guatemala (FSG) en 1945. Ese
año había tres centrales: La CTG compuesta por
sindicatos gremiales, el STEG, los de pequeñas empresas y
de campesinos. La Federación Regional Central de
Trabajadores (FRCT) y la FSG, la más representativa, con
los sindicatos de las empresas extranjeras y nacionales
más fuertes. Esa división gestó un proceso
de unidad. En abril de 1946 se firmó un pacto de
unión, hubo un congreso nacional y surgió el
Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) sin el sindicato
ferrocarrilero, SAMF.

En el gobierno de Jacobo Árbenz se creó la
Confederación Nacional Campesina (CNCG). La unidad
sindical culminó en la fundación de la CGTG, el 14
de octubre de 1951 integrada por 19 federaciones y 3 sindicatos,
entre ellos el SAMF y la CNCG. Asimismo, el desarrollo
político impulsó la formación del Frente
Democrático Nacional (FDN), como respuesta a la
campaña anticomunista del clero, el gobierno de Estados
Unidos, un sector estudiantil y sindical, las
compañías extranjeras y los partidos de la
oligarquía.

Entre el 15 de junio y el 3 julio de 1954 se produjo la
invasión por tierra y aire que financió y
organizó el gobierno de Estados Unidos por medio de la
CIA, sus embajadas y militares de los ejércitos de
Honduras y Nicaragua. Jacobo Árbenz renunció a la
presidencia el 27 de junio; asumió de manera interina el
Coronel Carlos Díaz, que también se separó
del cargo para que asumirá el General Carlos Castillo
Armas, el 3 de julio de 1954.

Los decretos 21 y 48 del 16 de julio de 1954 cancelaron
las inscripciones de los directivos de dos confederaciones, una
federación, 4 sindicatos, la Alianza Democrática de
la Juventud, la alianza Femenina Guatemalteca, el Grupo Saker-Ti,
el Frente Universitario Democrático, el Partido
Guatemalteco del Trabajo, el Partido de la Revolución
Guatemalteca, el Partido Acción Revolucionaria y el
Partido Renovación Nacional.

En Costa Rica, la transformación del Estado que
condujo a la guerra civil, irrumpe en mayo de 1936 y termina en
mayo de 1950. Entre 1936 y 1941, la oligarquía cafetalera
inició una ofensiva anticomunista al calor de la Guerra
Civil Española y la evolución de la Segunda Guerra
Mundial. A mediados de 1940 el Presidente Calderón Guardia
se vio forzado a cambiar las reglas de las relaciones entre el
Estado, el mercado y la sociedad, y las medidas bosquejaron la
crisis del Partido Republicano, a partir de 1941.

La segunda fase se observa entre 1942 y 1945. Un sector
cafetalero y del capital bancario intentó el golpe de
Estado, lo cual avanzó la crisis del gobierno y la
confianza en el régimen electoral. El Partido Republicano
aceptó el apoyo político que ofreció el
Vanguardia Popular. Con ello, tomó fuerza la
desestabilización contra el gobierno del Bloque de la
Victoria. El fin de la guerra mundial alentó la injerencia
de los Estados Unidos y el anticomunismo de Guerra Fría.
Hubo un reagrupamiento de las fuerzas políticas que se
enfrentaron en las elecciones para diputados de 1946 y en
1948.

La tercera fase surge con las elecciones de 1946, la
"huelga de brazos caídos" de julio- agosto de 1947 y la
campaña electoral de 1948. Esos eventos le dieron alcance
nacional a la confrontación política y a la
organización del golpe de Estado. El 16 de diciembre de
1947 José Figueres firmó el pacto militar con la
Legión Caribe. El veredicto sobre las elecciones del 10 de
febrero de 1948 rebasó el marco institucional y legal
legitimador del sufragio. Los diputados anularon el dictamen
provisional del Tribunal Nacional Electoral y la decisión
que se tomó condujo a la rebelión armada del
Partido Socialdemócrata formado por el Centro de Estudios
de los Problemas Nacionales y el partido demócrata
liderado por Figueres Ferrer.

La Guerra Civil se inició el 12 de marzo de 1948.
Duró 40 días. La primera parte terminó el 23
de marzo, con el triunfo de los rebeldes en la batalla de San
Isidro de El General. La transacción política, sin
éxito y con asedios militares de los bandos, se
prolongó hasta el 10 de abril. El tercer momento culmina
el 14 de abril, con el triunfo de los alzados en la Batalla del
Tejar; la capitulación del Presidente Picado y la firma de
los pactos de la Embajada de México y el de Ochomogo,
entre el 15 y 20 del mismo mes.

Además de 2.000 muertos, la Guerra Civil
dejó 7.000 refugiados y 3.000 prisioneros. El 1 de mayo se
firmó el Pacto Figueres-Ulate, bajo presión
militar. El 8 de mayo se instaló la Junta Fundadora de la
Segunda República, presidida por Figueres Ferrer. Se
Abolió la Constitución de 1871 e instaló la
dictadura de los dieciocho meses. Las hostilidades
políticas continuaron; pero la Constitución
aprobada el 7 de diciembre de 1949 definió la estructura y
funciones del Estado. El 8 de mayo de 1950 el periodista Otilio
Ulate Blanco asumió la Presidencia.

La Guerra Civil creó una estructura de poder
político y militar de excepción controlada por el
Partido Social Demócrata, la Legión Caribe y
sectores del capital ligados a la exportación de
café y banano, el comercio importador y la banca. En los
hechos militares no tuvieron participación relevante los
liberales ligados al Partido Unión Nacional y al candidato
Otilio Ulate. Retomaron protagonismo a raíz de las pugnas
que desataron los decretos de la Junta de Gobierno y en las
elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Las libertades de opinión, expresión del
pensamiento y asociación política y cultural
estaban inhibidas. Se sujetó a los educadores a la ley
mordaza. Se clausuró radioemisoras y periódicos.
Hubo despidos en masa de empleados públicos y se
autorizó la cesantía en las empresas donde
había sindicatos de la CTCR. Se crearon el Tribunal de
Sanciones Inmediatas para abrir juicios penales retroactivos a
los años 40-48; el Tribunal de Probidad aplicó
sanciones económicas y expropiaciones; y el Tribunal
Especial de Ética fue utilizado como para despedir al
personal docente leal a los republicanos y
vanguardistas.

El Decreto de la Junta de Gobierno No. 105 del 17 de 7
de 1948 y el artículo constitucional No. 98 que puso fuera
de ley al Partido Vanguardia Popular, fueron utilizados por el
Pbro. Benjamín Núñez Vargas, Ministro de
trabajo, para abrir el juicio que en 1949 ilegalizó 101
organizaciones de trabajadores: 7 federaciones, la CTCR, 8
sindicatos del sector estatal, 49 sindicatos agrícolas y
afines, y 44 sindicatos de la manufactura, minería y
comercio.

Conclusiones

El movimiento obrero y campesino fue una fuerza
política relevante en diversos momentos de la historia de
cada país centroamericano, entre 1930 y 1955. En Nicaragua
entre 1928 y 1933, contra la invasión militar
norteamericana. En El Salvador entre 1929 y 1932, en las luchas
agrarias y electorales que culminaron en la rebelión de
1932. En Guatemala, en alianza con las fuerzas
socialdemócratas que gestaron un Estado interventor y
enfrentaron la invasión orquestada por el gobierno de
Estados Unidos. En el Salvador, Honduras y Guatemala, en las
luchas laborales y civiles contra las dictaduras de
Hernández Martínez, Tiburcio Carías y Jorge
Ubico. En Costa Rica, en alianza con los liberales de izquierda,
en la Guerra Civil del 48 y la instauración del Estado de
derechos laborales y sociales.

En consecuencia, el período 1930-1955 fue
excepcional en la historia centroamericana. El bloque
oligárquico agroexportador, en sumisa alianza con los
monopolios bananeros y otras empresas financieras y comerciales
norteamericanas, logró derrotar a las fuerzas
políticas demócratas y socialistas proclives a un
desarrollo capitalista regulado por el Estado. Optó por el
aniquilamiento físico y la ilegalización de las
organizaciones sindicales y partidos políticos de
izquierda, postergando las tareas históricas de
soberanía popular, autodeterminación
política y crecimiento económico con criterios de
integración social, equidad y justicia
redistributiva.

La derrota del movimiento obrero y campesino
significó el fracaso histórico de unas
tácticas y estrategias de lucha basadas en las reglas
democráticas burguesas del ascenso y relevo al poder del
Estado. Tales experiencias forman parte de la cultura
política popular, como un legado de validez relativa,
frente al futuro de la democracia, la soberanía popular y
el socialismo en Centroamérica.

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Autor:

Carlos A. Abarca Vásquez